Vox, acusado de adjudicar 200 contratos a dedo por el Tribunal de Cuentas

Tabla de contenidos

Introducción

Entre las anomalías detectadas, destaca la adjudicación de 200 contratos sin respetar el principio de publicidad, lo que implica una falta de transparencia y de concurrencia en la contratación.

 

¿Qué son los contratos a dedo?

Los contratos a dedo son aquellos que se otorgan de forma directa y discrecional, sin seguir un procedimiento de licitación pública que garantice la igualdad de oportunidades y la libre competencia entre los posibles oferentes. Estos contratos suelen estar motivados por intereses particulares o políticos, y pueden suponer un perjuicio para el interés general y el erario público.

La Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que los partidos deben regirse por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia en la gestión de sus recursos económicos. Además, deben elaborar unas instrucciones internas de contratación que regulen los procedimientos y los criterios para la adjudicación de los contratos.

 

¿Qué ha hecho Vox?

Según el informe del Tribunal de Cuentas, Vox ha incumplido estos principios y estas obligaciones legales en la contratación de servicios y suministros por un importe total de 5,68 millones de euros entre los años 2018 y 2019. El Tribunal ha analizado 198 contratos suscritos por el partido y ha encontrado las siguientes irregularidades:

  • Las instrucciones internas de contratación de Vox no contemplan la publicidad de ninguna de las licitaciones, lo que impide garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso a las mismas, así como conseguir la mejor oferta entre todas las posibles.
  • Vox no ha cumplido con sus propias instrucciones internas, según las cuales los contratos superiores a 10.000 euros e inferiores a 100.000 euros debían realizarse después de la recepción y estudio de al menos tres presupuestos, salvo razones de urgencia y confianza debidamente justificadas. El Tribunal ha comprobado que se han adjudicado contratos sin contar previamente con tres presupuestos.
  • Vox no ha facilitado al Tribunal las facturas justificativas correspondientes al pago realizado en el ejercicio 2019 a la empresa de auditoría por 35.000 euros. Además, un importe de 23.450 euros corresponde a servicios realizados en el año 2020, por lo que los gastos del ejercicio 2019 estarían sobrevalorados en dicha cuantía.
  • Vox tampoco ha aportado el contrato suscrito con un proveedor de consultoría tecnológica, que facturó 132.005,04 euros en el ejercicio 2019. En las alegaciones ha facilitado un presupuesto parcial por 35.053,70 euros, no constando presupuesto alguno por el importe restante.

 

¿Qué consecuencias puede tener?

El Tribunal de Cuentas ha advertido a Vox de que estas irregularidades pueden suponer una infracción administrativa grave o muy grave, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas que van desde el 10% hasta el 100% del importe del contrato irregular.

Además, el Tribunal ha instado a Vox a que adopte las medidas necesarias para corregir estas deficiencias y para mejorar su gestión económica y financiera. Entre estas medidas se encuentran:

  • Revisar y modificar sus instrucciones internas de contratación para incorporar el principio de publicidad en las licitaciones.
  • Cumplir con sus propias instrucciones internas y con la normativa vigente en materia de contratación.
  • Aportar al Tribunal toda la documentación justificativa requerida sobre los contratos celebrados.
  • Ajustar los gastos contabilizados a los servicios efectivamente prestados.

 

¿Qué dice Vox?

Vox ha reaccionado a este informe negando cualquier irregularidad y culpando a la prensa de sembrar sospechas sobre su gestión. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha enviado una carta a los militantes en la que defiende la legalidad y la transparencia de las cuentas de Vox y de su fundación Disenso, que también ha sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas por recibir transferencias millonarias del partido sin justificar su destino.

Garriga ha asegurado que el Tribunal de Cuentas no ha señalado ningún incumplimiento de la ley por parte de Vox y que la contabilidad del partido refleja fielmente su imagen económica. Asimismo, ha atribuido las críticas a una campaña de desprestigio orquestada por los medios de comunicación afines al Gobierno y a los partidos del sistema.

Sin embargo, esta versión contrasta con la realidad de los hechos, ya que el propio Vox ha cesado a su gerente y responsable económico, Juan José Aizcorbe, tras la publicación del informe. Aizcorbe era el encargado de supervisar los contratos y las donaciones del partido, así como de gestionar los fondos destinados a la fundación Disenso. Su salida evidencia que algo no se ha hecho bien en las cuentas de Vox y que el partido tiene mucho que explicar ante el Tribunal de Cuentas y ante la opinión pública.

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