¿Qué consecuencias tiene la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma?

Tabla de contenidos

Introducción

El pasado 14 de julio, el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia histórica en la que declaró inconstitucional y nulo el primer estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Esta sentencia ha generado una gran polémica y ha abierto un debate jurídico y político sobre sus efectos y sus implicaciones.

 

¿Qué argumentos ha utilizado el TC?

El TC ha estimado parcialmente el recurso presentado por Vox contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma. El TC ha considerado que algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno excedían del ámbito del estado de alarma y suponían una restricción de derechos fundamentales que solo podía hacerse mediante el estado de excepción.

En concreto, el TC ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 7 del Real Decreto, que limitaba la libertad de circulación de las personas en todo el territorio nacional, salvo para actividades esenciales. Según el TC, esta medida supuso una suspensión y no una limitación del derecho a la libre circulación, lo que requería la declaración previa del estado de excepción, previsto en el artículo 116.1 de la Constitución.

El TC ha argumentado que el estado de alarma solo permite adoptar medidas que impliquen una modulación o una adaptación del ejercicio de los derechos fundamentales a las exigencias sanitarias, pero no medidas que impliquen una prohibición o una privación total del ejercicio de esos derechos. El TC ha señalado que la limitación del derecho a la libre circulación fue tan intensa y generalizada que equivalió a una verdadera suspensión, incompatible con el estado de alarma.

El TC ha basado su razonamiento en la interpretación sistemática y teleológica de la Constitución y en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TC ha afirmado que su sentencia respeta el principio de proporcionalidad y no cuestiona la necesidad ni la idoneidad de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno, sino solo su adecuación al marco constitucional.

 

¿Qué efectos tiene la sentencia del TC?

La sentencia del TC tiene efectos retroactivos desde la fecha en que se declaró el estado de alarma, salvo para las situaciones jurídicas consolidadas. Esto significa que todas las actuaciones administrativas o judiciales basadas en el artículo 7 del Real Decreto quedan anuladas o sin efecto, salvo aquellas que hayan adquirido firmeza o hayan generado derechos u obligaciones para los ciudadanos.

Entre los efectos más relevantes se encuentran los siguientes:

  • La devolución de las multas impuestas por incumplir las restricciones a la movilidad. Según el Ministerio del Interior, se impusieron más de un millón de sanciones durante el primer estado de alarma, por un importe total superior a los 300 millones de euros. Sin embargo, solo se han cobrado unas 40.000 multas, por unos 9 millones de euros. Las personas que hayan pagado las multas podrán solicitar su devolución, mientras que las que no las hayan pagado podrán recurrirlas o esperar a que se archiven.
  • La revisión de las condenas penales por desobediencia grave a la autoridad. Según el Consejo General del Poder Judicial, se dictaron unas 2.500 sentencias condenatorias por este delito durante el primer estado de alarma. Estas sentencias podrán ser recurridas o revisadas ante los tribunales competentes, al amparo del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la revisión de las sentencias firmes cuando se declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley que haya sido aplicada en el proceso.
  • La indemnización por los daños y perjuicios causados por la limitación de la libertad de circulación. Las personas que se hayan visto afectadas por la medida declarada inconstitucional podrán reclamar al Estado una indemnización por los daños y perjuicios que les haya ocasionado, al amparo del artículo 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece el derecho a ser indemnizado por el Estado en los casos de violación de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos.

 

¿Qué implicaciones tiene la sentencia del TC?

La sentencia del TC tiene implicaciones jurídicas, políticas y sociales que todavía están por determinar. Algunas de las cuestiones más relevantes son las siguientes:

  • La seguridad jurídica y la confianza legítima de los ciudadanos. La sentencia del TC ha generado una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica para los ciudadanos que cumplieron con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno y que ahora ven cuestionada su validez. Además, la sentencia ha afectado a la confianza legítima de los ciudadanos en el Estado de derecho y en la capacidad de los poderes públicos para hacer frente a situaciones de emergencia como la pandemia.
  • La responsabilidad política y jurídica del Gobierno. La sentencia del TC ha supuesto un duro revés para el Gobierno, que defendió la constitucionalidad y la proporcionalidad del estado de alarma como el instrumento más adecuado para proteger la salud pública y los derechos fundamentales. El Gobierno ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que impulsará una reforma legal para clarificar el marco jurídico aplicable a las crisis sanitarias. Además, el Gobierno podría enfrentarse a posibles acciones de responsabilidad política o jurídica por parte de los ciudadanos o de otros actores institucionales.
  • La división interna y externa del TC. La sentencia del TC ha evidenciado una profunda división interna entre los magistrados que forman parte del tribunal. La sentencia se dictó por un ajustado margen de 6 votos a favor y 5 en contra, lo que refleja la existencia de dos bloques ideológicos enfrentados. Además, la sentencia ha provocado una división externa entre el TC y otros órganos constitucionales, como el Gobierno, el Congreso o el Defensor del Pueblo, que han expresado su discrepancia o su preocupación por la decisión del tribunal.

 

En definitiva, la sentencia del TC sobre el estado de alarma es una resolución controvertida y trascendente que tendrá consecuencias jurídicas, políticas y sociales en los próximos meses. Su interpretación y aplicación requerirá un esfuerzo de diálogo y consenso entre los diferentes poderes públicos y agentes sociales, así como un equilibrio entre la protección de la salud pública y el respeto a los derechos fundamentales.

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Alex Rodriguez

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