¿Qué cambia con la última reforma de la ley de enjuiciamiento civil?

Tabla de contenidos

Introducción

La ley de enjuiciamiento civil (LEC) es la norma que regula el funcionamiento de los procesos civiles en España, es decir, aquellos que se refieren a materias como contratos, familia, propiedad, responsabilidad, etc. Esta ley se aprobó en el año 2000 y desde entonces ha sufrido varias modificaciones para adaptarse a las nuevas necesidades sociales y jurídicas.

La última reforma de la LEC se ha producido mediante el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que entró en vigor el 21 de diciembre de 2023. Este real decreto-ley tiene como objetivo principal agilizar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, aprovechando los fondos europeos Next Generation EU.

En este artículo vamos a explicar las principales novedades que introduce esta reforma en la LEC, que afectan a aspectos como la competencia territorial, la comunicación telemática, la prueba digital, la mediación y el arbitraje. Estas novedades pretenden mejorar la eficacia, la celeridad y la seguridad jurídica de los procesos civiles, así como fomentar la resolución alternativa de conflictos.

 

Competencia territorial

La competencia territorial se refiere al criterio que determina qué juzgado o tribunal es el competente para conocer de un determinado asunto. La regla general es que la competencia territorial corresponde al juzgado del lugar donde se ha producido el hecho que origina el proceso o donde tiene su domicilio el demandado. Sin embargo, existen excepciones y casos especiales que pueden generar dudas o conflictos.

La reforma de la LEC introduce algunas modificaciones en la competencia territorial para simplificarla y evitar desplazamientos innecesarios. Por ejemplo:

  • Se amplía la posibilidad de que las partes puedan pactar la competencia territorial en los contratos, siempre que se trate de materias disponibles y que el pacto no perjudique los derechos de los consumidores o usuarios.
  • Se establece que la competencia territorial para conocer de las acciones derivadas de contratos celebrados por medios electrónicos corresponde al juzgado del domicilio del demandante, salvo que se haya pactado otra cosa o que se trate de consumidores o usuarios.
  • Se determina que la competencia territorial para conocer de las acciones de reclamación de cantidad por impago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario corresponde al juzgado del lugar donde se encuentre la finca arrendada, salvo que se haya pactado otra cosa.
  • Se fija que la competencia territorial para conocer de las acciones de nulidad, resolución o rescisión de contratos de compraventa de bienes inmuebles corresponde al juzgado del lugar donde se encuentre el inmueble, salvo que se haya pactado otra cosa.

 

Comunicación telemática

La comunicación telemática se refiere al uso de medios electrónicos para realizar las comunicaciones entre los órganos judiciales y las partes o terceros intervinientes en el proceso. La comunicación telemática tiene ventajas como la rapidez, la eficiencia, el ahorro de costes y la reducción del uso de papel.

La reforma de la LEC refuerza el carácter preferente y obligatorio de la comunicación telemática en el ámbito de la Administración de Justicia. Por ejemplo:

  • Se establece que las comunicaciones entre los órganos judiciales y las partes o terceros intervinientes en el proceso se realizarán por medios telemáticos, salvo que no sea posible por razones técnicas o que se trate de personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.
  • Se dispone que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos se practicarán por medios telemáticos, salvo que no sea posible por razones técnicas o que se trate de personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.
  • Se prevé que las copias de las resoluciones judiciales se expidan por medios telemáticos, salvo que no sea posible por razones técnicas o que se trate de personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.
  • Se regula que las actuaciones judiciales se documenten por medios telemáticos, salvo que no sea posible por razones técnicas o que se trate de personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.

 

Prueba digital

La prueba digital se refiere al conjunto de medios de prueba que se basan en datos o documentos generados o almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. La prueba digital tiene una gran importancia en la actualidad, debido al uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de la vida.

La reforma de la LEC introduce algunas novedades en la prueba digital para adaptarla a las nuevas realidades y garantizar su validez y eficacia. Por ejemplo:

  • Se reconoce expresamente la admisibilidad de la prueba digital, siempre que se respeten los derechos fundamentales y las garantías procesales, y se establecen los requisitos para su aportación, práctica y valoración.
  • Se regula la prueba pericial informática, que consiste en el examen de datos o documentos generados o almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, por parte de un experto en la materia, que emitirá un informe sobre su autenticidad, integridad, fiabilidad y significado.
  • Se prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares para asegurar la prueba digital, como el bloqueo, la copia o el depósito de datos o documentos generados o almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, cuando exista riesgo de que se alteren, destruyan o desaparezcan.
  • Se establece la obligación de las partes de conservar la prueba digital durante el proceso y hasta que se extinga la posibilidad de recurso, salvo que se haya incorporado al expediente judicial por medios telemáticos.

 

Mediación

La mediación se refiere al método de resolución alternativa de conflictos que consiste en la intervención de un tercero imparcial y profesional, el mediador, que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo voluntario y satisfactorio, sin imponer ni sugerir la solución. La mediación tiene ventajas como la rapidez, la flexibilidad, la confidencialidad y la preservación de las relaciones entre las partes.

La reforma de la LEC introduce algunas mejoras en la mediación para impulsar su uso y difusión como alternativa al proceso judicial. Por ejemplo:

  • Se amplía el ámbito de aplicación de la mediación a todos los asuntos civiles y mercantiles que sean susceptibles de transacción o acuerdo, salvo que se trate de materias indisponibles o que se requiera la intervención del Ministerio Fiscal.
  • Se crea el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, que depende del Ministerio de Justicia, y que tiene como funciones la inscripción, la publicidad, la supervisión y el control de la actividad de mediación.
  • Se establece la obligación de las partes de asistir a una sesión informativa sobre la mediación antes de iniciar el proceso judicial, salvo que ya hayan intentado la mediación previamente o que se trate de casos de urgencia o de violencia de género.
  • Se regula el procedimiento de mediación, que se basa en los principios de voluntariedad, igualdad, imparcialidad, confidencialidad, buena fe y eficacia, y que se desarrolla en las fases de inicio, desarrollo y finalización.

 

Seguridad jurídica

La seguridad jurídica se refiere al principio que garantiza la certeza, la previsibilidad y la estabilidad del ordenamiento jurídico, así como el respeto a los derechos y las garantías de los ciudadanos. La seguridad jurídica es un valor superior del ordenamiento jurídico español, según el artículo 9.3 de la Constitución.

La reforma de la LEC introduce algunas medidas para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de los procesos civiles. Por ejemplo:

  • Se modifica el régimen de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, que son los que se interponen contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales, para unificar los plazos, los requisitos y los efectos de ambos recursos, y para evitar su uso abusivo o dilatorio.
  • Se regula el procedimiento de revisión, que es el que se solicita cuando se descubren nuevos hechos o documentos que demuestran la injusticia de una sentencia firme, para establecer los supuestos en los que procede, los plazos para su interposición y los efectos de su estimación.
  • Se establece la posibilidad de solicitar la ejecución provisional de las sentencias que no sean firmes, salvo que se trate de materias indisponibles o que se requiera la intervención del Ministerio Fiscal, y se fijan las garantías para asegurar la restitución de lo ejecutado si se revoca la sentencia.

 

Conclusión

La última reforma de la ley de enjuiciamiento civil supone una importante actualización de la norma que regula los procesos civiles en España, con el fin de adaptarla a las nuevas necesidades sociales y jurídicas, y de aprovechar los fondos europeos Next Generation EU.

Las principales novedades que introduce esta reforma afectan a aspectos como la competencia territorial, la comunicación telemática, la prueba digital, la mediación y el arbitraje, y la seguridad jurídica. Estas novedades pretenden mejorar la eficacia, la celeridad y la seguridad jurídica de los procesos civiles, así como fomentar la resolución alternativa de conflictos.

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Alex Rodriguez

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