La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ¿Qué cambios se proponen y qué implicaciones tienen?

Tabla de contenidos

Introducción

Se trata de una ley que data de 1882 y que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de su historia, pero que aún presenta importantes deficiencias y lagunas que dificultan la eficacia y la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito penal.

Por ello, desde hace años se viene reclamando una reforma integral de la LECrim, que modernice y adapte el proceso penal a las exigencias del Estado de Derecho y a los estándares internacionales. En este sentido, el Gobierno presentó en julio de 2021 un anteproyecto de ley orgánica de reforma de la LECrim, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública y que pretende introducir cambios sustanciales en el modelo procesal penal español1.

¿Qué novedades plantea este anteproyecto y qué consecuencias tendría para los operadores jurídicos y los ciudadanos? En este artículo analizamos las principales propuestas de reforma de la LECrim y las valoraciones que han suscitado entre los expertos.

 

El cambio de rol del juez de instrucción

Uno de los aspectos más relevantes del anteproyecto es el cambio de rol del juez de instrucción, que dejaría de ser el encargado de dirigir la investigación de los delitos para pasar a ser un órgano de garantía y control judicial. De este modo, se pretende superar el actual sistema mixto o inquisitivo, en el que el juez asume funciones tanto de investigación como de decisión, por un sistema acusatorio, en el que el juez se limita a resolver las cuestiones jurídicas planteadas por las partes y a velar por el respeto a los derechos fundamentales.

Así, según el anteproyecto, la investigación de los delitos correspondería al Ministerio Fiscal, que actuaría con autonomía e imparcialidad, bajo el principio de legalidad y con sujeción al control judicial. El Ministerio Fiscal contaría con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otros auxiliares, como los peritos o los comisarios judiciales. El juez de instrucción, por su parte, se denominaría juez de garantías y tendría como función autorizar o denegar las medidas cautelares o limitativas de derechos solicitadas por el Ministerio Fiscal o las partes, así como resolver los recursos contra sus decisiones.

Esta propuesta ha generado opiniones encontradas entre los profesionales del derecho. Por un lado, algunos consideran que se trata de una reforma necesaria y positiva, que acerca el proceso penal español al modelo europeo y que refuerza la separación de poderes y la tutela judicial efectiva2Por otro lado, otros cuestionan la conveniencia y la oportunidad de este cambio, al entender que supone una pérdida de garantías para los ciudadanos y que puede generar problemas prácticos derivados de la falta de medios materiales y humanos del Ministerio Fiscal3.

 

La limitación temporal de la instrucción

Otro aspecto destacado del anteproyecto es la limitación temporal de la instrucción, que busca evitar la dilación indebida y la indefensión que suponen las investigaciones prolongadas en el tiempo. Así, se establece un plazo máximo para la duración de la instrucción, que variará según la complejidad del caso:

  • Para los delitos leves, el plazo máximo será de tres meses.
  • Para los delitos menos graves, el plazo máximo será de seis meses.
  • Para los delitos graves, el plazo máximo será de doce meses.
  • Para los casos complejos, el plazo máximo será de dieciocho meses, prorrogables por otros dieciocho meses.

Se considerarán casos complejos aquellos que impliquen una pluralidad relevante de hechos o sujetos; que requieran una investigación internacional o transfronteriza; que afecten a una pluralidad relevante

de derechos fundamentales; que se refieran a delitos de especial trascendencia social o mediática; o que presenten una especial dificultad técnica o jurídica.

Si transcurrido el plazo máximo de instrucción no se hubiera formulado acusación o sobreseimiento, el juez de garantías deberá declarar el archivo de las actuaciones, salvo que se aprecie causa justificada para su prórroga. En todo caso, el juez podrá acordar la reapertura de la instrucción si aparecieran nuevos elementos de prueba.

Esta propuesta también ha generado controversia entre los profesionales del derecho. Por un lado, algunos la valoran positivamente, al considerar que contribuye a la agilización y la racionalización del proceso penal, así como a la seguridad jurídica de los investigados y las víctimas. Por otro lado, otros la critican negativamente, al entender que supone una limitación arbitraria y desproporcionada del derecho a la tutela judicial efectiva y que puede provocar el archivo de casos relevantes por falta de tiempo.

 

La introducción de nuevas figuras procesales

El anteproyecto también introduce nuevas figuras procesales que pretenden mejorar la eficiencia y la calidad del proceso penal, así como favorecer la participación y la colaboración de los ciudadanos. Entre estas figuras se encuentran:

  • El juicio inmediato, que permitiría juzgar sin necesidad de instrucción previa los delitos flagrantes o los delitos leves con autor conocido y pruebas suficientes. El juicio inmediato se celebraría ante el juez de garantías en un plazo máximo de quince días desde la detención o la denuncia, y se resolvería mediante una sentencia oral e inmediatamente ejecutiva.
  • El acuerdo procesal, que permitiría a las partes alcanzar un pacto sobre los hechos y las consecuencias jurídicas del delito, con el fin de evitar o abreviar el juicio oral. El acuerdo procesal se sometería a la homologación del juez o tribunal competente, que verificaría su legalidad, voluntariedad y razonabilidad. El acuerdo procesal podría implicar una reducción de la pena o una sustitución por medidas alternativas.
  • El comisario judicial, que sería un auxiliar del Ministerio Fiscal encargado de realizar las diligencias de investigación que requieran una especial cualificación técnica o profesional. El comisario judicial actuaría bajo la dirección y supervisión del Ministerio Fiscal y con el control judicial del juez de garantías. El comisario judicial podría ser un funcionario público o un profesional privado.

Estas figuras procesales han sido acogidas con interés y expectación por los profesionales del derecho, aunque también con cautela y reserva. Por un lado, se reconoce que pueden suponer una simplificación y una agilización del proceso penal, así como una mayor satisfacción para las partes implicadas. Por otro lado, se advierte que pueden plantear problemas prácticos y jurídicos derivados de su regulación incompleta o ambigua, así como de su posible uso abusivo o desigual.

 

Conclusiones

La reforma de la LECrim es una cuestión pendiente y urgente en el ordenamiento jurídico español, que requiere una actualización y una adaptación a las demandas sociales y a los estándares internacionales. El anteproyecto presentado por el Gobierno contiene propuestas interesantes y novedosas, pero también polémicas y controvertidas, que han generado un amplio debate entre los operadores jurídicos y los ciudadanos.

Es necesario que este debate sea constructivo y participativo, que tenga en cuenta las opiniones y las experiencias de todos los agentes implicados en el proceso penal, y que busque el consenso y el equilibrio entre los distintos intereses en juego. Solo así se podrá lograr una reforma eficaz y garantista, que mejore la calidad de la justicia penal en España.

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Alex Rodriguez

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