Impuesto extraordinario a las energéticas: ¿qué es y cómo afecta a los consumidores?

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Introducción

El Gobierno ha anunciado que se replantea el impuesto extraordinario a las energéticas, una medida que se aprobó en octubre de 2023 para frenar la escalada de los precios de la luz y el gas, que habían alcanzado máximos históricos. Este impuesto supone una reducción del 7% de los ingresos de las empresas eléctricas y del 15% de los ingresos de las empresas gasistas, que se calculan en función de los precios medios del mercado mayorista. El objetivo de esta medida es que las compañías trasladen esta rebaja a los consumidores finales, aliviando así su factura energética.

Sin embargo, el impuesto extraordinario a las energéticas ha generado mucha polémica y ha sido cuestionado por varios sectores. Por un lado, las empresas afectadas han denunciado que se trata de una medida discriminatoria, arbitraria e injusta, que vulnera la seguridad jurídica y la libre competencia, y que pone en riesgo la rentabilidad y la viabilidad de sus negocios. Por otro lado, algunos expertos han advertido de que el impuesto no garantiza una bajada efectiva de los precios para los consumidores, ya que las empresas pueden compensar la pérdida de ingresos con otras estrategias, como subir las tarifas de acceso o reducir la inversión en infraestructuras y en transición ecológica.

Ante este escenario, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a modular el impuesto extraordinario a las energéticas, en función de la evolución de los precios del mercado y de las condiciones de cada empresa. Ribera ha defendido que el impuesto es una medida “imprescindible” para hacer frente a una situación “excepcional” y “coyuntural”, pero que no se trata de una solución definitiva ni estructural. Asimismo, ha argumentado que es necesario realizar una “reinversión masiva” en el sector energético, para impulsar el giro verde y la descarbonización de la economía.

 

¿Qué consecuencias tiene el impuesto extraordinario a las energéticas para los consumidores?

Según el Gobierno, el impuesto extraordinario a las energéticas ha permitido reducir el precio medio de la luz en un 10% y el precio medio del gas en un 5% desde su entrada en vigor. Esto supone un ahorro de unos 100 euros al año para una familia media que consume 3.000 kWh de electricidad y 15.000 kWh de gas natural. Además, el Gobierno ha adoptado otras medidas complementarias para contener los precios de la energía, como la suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica, la ampliación del bono social eléctrico y la creación del bono social térmico.

No obstante, los consumidores no han notado una bajada significativa de su factura energética, ya que los precios del mercado mayorista siguen siendo muy elevados y volátiles, debido a factores externos como la subida del precio del petróleo, el gas y los derechos de emisión de CO2, la escasez de agua en los embalses y la menor producción eólica. Además, el impuesto extraordinario a las energéticas solo afecta a una parte de la factura, que es la relativa al coste de la energía. La otra parte, que es la relativa al coste de acceso, depende de los peajes y cargos que fija el Gobierno, y que se han incrementado en los últimos años para cubrir los costes regulados del sistema eléctrico y gasista.

Por tanto, los consumidores siguen pagando unas tarifas muy altas por la electricidad y el gas, que afectan especialmente a los hogares más vulnerables y a las pymes. Según el último informe de Eurostat, España tiene el quinto precio de la electricidad más caro de la Unión Europea, solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. En cuanto al gas, España ocupa el séptimo puesto en el ranking europeo, por detrás de Suecia, Dinamarca, Portugal, Italia, Francia y Holanda.

 

¿Qué alternativas hay al impuesto extraordinario a las energéticas?

El impuesto extraordinario a las energéticas es una medida temporal y transitoria, que el Gobierno ha planteado como una solución de emergencia para hacer frente a una situación de crisis. Sin embargo, no resuelve el problema de fondo, que es el diseño y la regulación del mercado energético, que favorece a las empresas dominantes y penaliza a los consumidores. Por eso, muchos expertos y agentes sociales reclaman una reforma profunda y estructural del sector, que garantice una transición ecológica justa y equitativa, y que promueva una mayor competencia, transparencia y eficiencia.

Entre las propuestas que se han planteado para reformar el mercado energético, destacan las siguientes:

  • Crear un mercado de energía más diversificado y descentralizado, que fomente el autoconsumo, las energías renovables y la generación distribuida, y que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y de las importaciones.
  • Establecer una tarifa eléctrica progresiva y social, que tenga en cuenta el nivel de renta y el consumo de los usuarios, y que aplique un precio más bajo a los primeros kWh consumidos, para garantizar el acceso universal a la energía y evitar el derroche.
  • Revisar los costes regulados del sistema eléctrico y gasista, que suponen más de la mitad de la factura, y que incluyen conceptos como el déficit de tarifa, las primas a las renovables, los pagos por capacidad o los costes extrapeninsulares, entre otros.
  • Reforzar el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo independiente y supervisor del mercado energético, y dotarla de más recursos y competencias para evitar las prácticas abusivas y sancionar a las empresas infractoras.
  • Impulsar la educación y la concienciación ambiental, para fomentar un consumo responsable y eficiente de la energía, y para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la transición ecológica y el cambio climático.

Estas son algunas de las medidas que podrían contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado energético y a reducir el impacto de los precios de la energía en la economía y en la sociedad. Sin embargo, se trata de medidas complejas y de largo plazo, que requieren de un amplio consenso político, social y empresarial, y de una coordinación con el marco regulatorio europeo. Mientras tanto, el impuesto extraordinario a las energéticas sigue siendo una herramienta válida para mitigar los efectos de la crisis energética, siempre que se aplique de forma proporcional, temporal y transparente.

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Alex Rodriguez

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