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Introducción
Algunas de las criptomonedas más populares son el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin o el Dogecoin, entre otras.
Las criptomonedas han generado un gran interés entre los inversores, tanto por su potencial de rentabilidad como por su carácter innovador y disruptivo. Sin embargo, también plantean una serie de retos y riesgos desde el punto de vista jurídico, que conviene conocer antes de operar con ellas.
En este artículo te explicamos algunos aspectos clave sobre la regulación de las criptomonedas en España y en el ámbito internacional, así como las implicaciones fiscales, penales y civiles que pueden derivarse de su uso.
¿Cómo se regulan las criptomonedas en España?
En España no existe una normativa específica que regule las criptomonedas como tales, sino que se aplican las disposiciones generales del ordenamiento jurídico según el tipo de operación o actividad que se realice con ellas.
No obstante, hay algunas normas que hacen referencia expresa a las criptomonedas o a los servicios relacionados con ellas. Por ejemplo:
- La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que define la moneda virtual como “aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente” 1.
- La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que establece dos nuevas obligaciones informativas para los proveedores de servicios de cambio o custodia de criptomonedas: suministrar a la Administración Tributaria información sobre los saldos y titulares de las monedas virtuales que mantengan custodiadas, y comunicar las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas 2.
- La Circular 4/2018 del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que establece los criterios para determinar si una oferta inicial de monedas virtuales (ICO) debe considerarse un instrumento financiero sujeto a supervisión. Según esta circular, se considerará que una ICO es un instrumento financiero cuando otorgue derechos o expectativas de participación en el capital o en los beneficios de una entidad emisora, o cuando sea convertible o canjeable por otros instrumentos financieros.
¿Cómo se regulan las criptomonedas en el ámbito internacional?
A nivel internacional tampoco existe una regulación uniforme sobre las criptomonedas, sino que cada país o región adopta su propio marco normativo al respecto. Algunos ejemplos son:
- La Unión Europea (UE), que ha aprobado recientemente la Directiva (UE) 2020/1503 sobre los proveedores europeos de servicios relativos a activos digitales (DASP), que establece un régimen armonizado para regular los servicios relacionados con las criptomonedas en el mercado único. Esta directiva entrará en vigor el 10 de septiembre de 2021 y deberá ser transpuesta por los Estados miembros antes del 10 de septiembre de 2023 .
- Estados Unidos (EE.UU.), que no tiene una legislación federal específica sobre las criptomonedas, sino que aplica diferentes normas según la naturaleza y el ámbito de cada operación o actividad. Así, pueden intervenir distintas autoridades como la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros sobre Mercancías (CFTC), el Departamento del Tesoro (FinCEN), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o los reguladores estatales .
- China, que tiene una postura restrictiva respecto a las criptomonedas, prohibiendo su uso como medio de pago, su oferta pública y su comercio en plataformas nacionales o extranjeras. Además, ha anunciado recientemente medidas para restringir la minería de criptomonedas, el proceso por el que se crean y validan nuevas unidades mediante el uso de potencia informática.
¿Qué implicaciones fiscales tiene invertir en criptomonedas?
Desde el punto de vista fiscal, las operaciones con criptomonedas pueden generar obligaciones tributarias tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
En el IRPF, las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de la compraventa, cambio o permuta de criptomonedas se integran en la base imponible del ahorro y se gravan según la siguiente escala:
- Hasta 6.000 euros: 19%.
- Entre 6.000 y 50.000 euros: 21%.
- Entre 50.000 y 200.000 euros: 23%.
- A partir de 200.000 euros: 26%.
Estas ganancias o pérdidas se calculan por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión de las criptomonedas, teniendo en cuenta el tipo de cambio aplicable en cada momento. Además, se debe tener en cuenta el método FIFO (first in, first out), que consiste en asignar a las unidades transmitidas el valor de adquisición de las unidades más antiguas.
En el IP, las criptomonedas se consideran bienes o derechos de contenido económico y, por tanto, forman parte del patrimonio neto del contribuyente. Su valoración se realiza según el precio de mercado a 31 de diciembre de cada año. Este impuesto solo se aplica si el patrimonio neto supera los 700.000 euros o los 300.000 euros de valor de la vivienda habitual, según la normativa estatal. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas comunidades autónomas tienen sus propios límites y bonificaciones.
¿Qué implicaciones penales tiene invertir en criptomonedas?
El uso de criptomonedas puede implicar la comisión de delitos penales si se realiza con fines ilícitos o fraudulentos. Algunos ejemplos son:
- El blanqueo de capitales, que consiste en ocultar o encubrir el origen ilícito de unos fondos mediante su integración en el sistema financiero o económico legal. El Código Penal castiga este delito con penas de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes .
- La estafa, que consiste en engañar a otra persona para obtener un beneficio patrimonial ilícito. El Código Penal castiga este delito con penas de prisión de seis meses a tres años si la cuantía defraudada excede de 400 euros . Un ejemplo sería ofrecer falsas inversiones en criptomonedas o realizar un phishing para robar las claves privadas de los usuarios.
- La falsificación de moneda, que consiste en crear o alterar monedas o billetes con apariencia de legítimos para ponerlos en circulación como si fueran auténticos. El Código Penal castiga este delito con penas de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor aparente . Un ejemplo sería crear una criptomoneda falsa que imite a otra existente.
¿Qué implicaciones civiles tiene invertir en criptomonedas?
El uso de criptomonedas también puede generar conflictos o reclamaciones en el ámbito civil, relacionados con la responsabilidad contractual o extracontractual, la protección del consumidor o la propiedad intelectual.
Algunos ejemplos son:
- La responsabilidad contractual, que surge cuando una de las partes incumple sus obligaciones derivadas de un contrato válido y causa un daño a la otra parte. En este caso, la parte perjudicada puede exigir el cumplimiento del contrato o su resolución, así como una indemnización por los daños y perjuicios causados . Un ejemplo sería el incumplimiento por parte de una plataforma de intercambio o custodia de criptomonedas de sus condiciones de servicio o de seguridad, provocando la pérdida o el robo de las criptomonedas de los usuarios.
La responsabilidad extracontractual, que surge cuando una persona causa un daño a otra por una acción u omisión ilícita, negligente o imprudente, sin que exista un contrato previo entre ellas. En este caso, la persona responsable debe reparar el daño causado . Un ejemplo sería el daño que puede sufrir un usuario de criptomonedas por una vulneración de sus datos personales o por una difamación en las redes sociales.
La protección del consumidor, que se refiere al conjunto de normas y derechos que protegen a los usuarios de criptomonedas frente a posibles abusos o malas prácticas por parte de los proveedores de servicios. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a la información, el derecho a la calidad, el derecho a la seguridad y el derecho a la reclamación . Un ejemplo sería el derecho a reclamar ante una entidad de consumo o ante los tribunales si un usuario de criptomonedas se siente engañado o perjudicado por una publicidad engañosa o por una cláusula abusiva.
La propiedad intelectual, que se refiere al conjunto de derechos que protegen las creaciones originales de carácter artístico, científico o técnico. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho de autor, el derecho de patente, el derecho de marca y el derecho de diseño . Un ejemplo sería el derecho a proteger y explotar una innovación tecnológica relacionada con las criptomonedas, como un algoritmo, un protocolo o una aplicación.
Conclusión
Las criptomonedas son un fenómeno complejo y dinámico que plantea numerosos desafíos y oportunidades para los inversores y para el ordenamiento jurídico. Por ello, es importante estar informado y asesorado sobre los aspectos legales que pueden afectar a las operaciones con criptomonedas, tanto en España como en el ámbito internacional.
En El Jurista Digital te ofrecemos información actualizada y de calidad sobre las novedades jurídicas relacionadas con las criptomonedas y otros temas de interés. Si quieres saber más, no dudes en visitar nuestra web o contactar con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte. ¡Hasta pronto!
