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Introducción
Según el Gobierno, esta ley busca «simplificar los trámites administrativos, reducir la burocracia y mejorar la calidad de los servicios públicos»2.
Pero, ¿qué implica esta ley para el sector jurídico? ¿Qué ventajas y desafíos plantea para los profesionales del derecho? ¿Qué oportunidades y riesgos supone para los ciudadanos? En este artículo, vamos a analizar algunos de los aspectos más relevantes de esta norma y sus posibles consecuencias para el ámbito legal.
Los principales ejes de la ley de eficiencia digital
La ley de eficiencia digital se basa en cuatro ejes fundamentales3:
- El principio de identidad única digital, que permitirá a los ciudadanos identificarse ante cualquier administración con un único sistema de identificación electrónica, sin necesidad de aportar documentos adicionales. Este sistema se basará en el DNI electrónico, el certificado digital o el sistema Cl@ve.
- El principio de interoperabilidad, que garantizará que las administraciones puedan compartir entre sí los datos e informaciones que obren en su poder, siempre que cuenten con el consentimiento del interesado o exista una habilitación legal. Así, se evitará que los ciudadanos tengan que presentar varias veces la misma documentación ante distintas administraciones.
- El principio de validez universal, que establecerá que cualquier documento electrónico emitido por una administración tendrá plena validez y eficacia ante cualquier otra administración, sin necesidad de ningún tipo de validación o conversión. Esto supondrá un ahorro de tiempo y costes para los ciudadanos y las administraciones.
- El principio de simplificación administrativa, que implicará la eliminación o reducción de los trámites innecesarios o duplicados, así como la implantación de procedimientos más ágiles y sencillos. Además, se fomentará el uso de medios electrónicos para la realización de gestiones administrativas, como la presentación de solicitudes, recursos o reclamaciones.
Las ventajas para el sector jurídico
La ley de eficiencia digital puede suponer una serie de ventajas para el sector jurídico, tanto para los profesionales del derecho como para los ciudadanos que requieren sus servicios. Algunas de estas ventajas son:
- La mejora del acceso a la información y a la documentación administrativa, lo que facilitará la labor de asesoramiento y defensa jurídica, así como el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
- La agilización y simplificación de los procedimientos administrativos, lo que redundará en una mayor celeridad y seguridad jurídica, así como en una reducción de las cargas administrativas y burocráticas.
- La potenciación del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito legal, lo que impulsará la innovación y la competitividad del sector, así como la adaptación a las demandas y necesidades de la sociedad digital.
Los desafíos para el sector jurídico
Sin embargo, la ley de eficiencia digital también plantea una serie de desafíos para el sector jurídico, que deberá afrontar con responsabilidad y profesionalidad. Algunos de estos desafíos son:
- La necesidad de formación continua en materia digital, tanto para los profesionales del derecho como para los ciudadanos que acceden a los servicios jurídicos. Esto implica estar al día de las novedades legislativas, tecnológicas y jurisprudenciales que afecten al ámbito legal.
- La garantía del cumplimiento normativo en materia digital, especialmente en lo relativo a la protección de datos personales, la seguridad informática y la accesibilidad universal. Esto supone respetar los derechos y deberes tanto de los ciudadanos como de las administraciones en el ámbito electrónico.
- La prevención y resolución de conflictos derivados del uso de medios digitales, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. Esto implica conocer y aplicar los mecanismos de reclamación, recurso y mediación disponibles, así como los criterios interpretativos y doctrinales que se vayan generando.
Las oportunidades para el sector jurídico
Finalmente, la ley de eficiencia digital puede ofrecer una serie de oportunidades para el sector jurídico, que deberá aprovechar para mejorar su calidad y eficiencia. Algunas de estas oportunidades son:
- La creación de nuevos servicios y productos jurídicos adaptados al entorno digital, que respondan a las demandas y expectativas de los ciudadanos y las administraciones. Esto implica desarrollar soluciones innovadoras y personalizadas, que aporten valor añadido y diferenciación al sector.
- La ampliación y diversificación del mercado legal en el ámbito digital, que permita acceder a nuevos clientes y sectores, tanto nacionales como internacionales. Esto implica explorar nuevas vías de colaboración y cooperación, tanto con otros profesionales del derecho como con otros agentes del ecosistema digital.
- La contribución al desarrollo social y económico del país a través del ámbito legal, que favorezca la inclusión, la participación y la transparencia en el ámbito digital. Esto implica asumir un compromiso ético y social con el entorno, así como una responsabilidad con el interés general.
Conclusión
La ley de eficiencia digital es una norma que pretende impulsar la transformación digital de la Administración Pública y facilitar la relación electrónica entre los ciudadanos y las administraciones. Esta ley tiene implicaciones importantes para el sector jurídico, que deberá afrontar los desafíos, aprovechar las oportunidades y disfrutar de las ventajas que supone esta norma. Para ello, es necesario estar preparado, formado y actualizado en materia digital, así como ofrecer servicios y productos jurídicos de calidad y eficiencia en el ámbito electrónico.
